CAMINO AL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI
Las bases populares de la Revolución Bolivariana han crecido de una manera asombrosa desde que se inició el proceso constituyente, en 1999. El soberano ha asumido valientemente, ante las diversas coyunturas políticas y sociales, un rol protagónico, como se evidencia en las numerosas organizaciones que se han articulado -y afirmado- en los últimos siete años. El pueblo ha reclamado el auténtico poder que le otorga la Constitución venezolana para desarrollar sus potencialidades y para transformar sus condiciones de vida, en un marco de equidad y justicia.
A pesar de este hecho poderosamente revolucionario, tenemos que asumir, no obstante, que heredamos una estructura burocrática en los distintos poderes e instancias públicas, como es el caso de la Alcaldía del Distrito Metropolitano, que limita y entraba la capacidad de respuesta que debe dar el Estado a ese pueblo organizado, que demanda cada día mejores condiciones de vida y dignidad.
Si bien estamos conscientes de la deuda infinita que tenemos con el pueblo venezolano, se ha hecho necesaria una actuación acelerada que permita la refundación efectiva de las instituciones del Estado, pues la Constitución Bolivariana establece que todas las instancias locales y nacionales deben propiciar, socialmente, un proceso democrático, protagónico, participativo, deliberativo y cogestionario.
Los principios fundamentales de la Constitución Bolivariana dibujan una ruta de navegación precisa para la construcción de la sociedad justa. Nuestra Constitución es la fuente doctrinaria que sustenta la tarea común de construir el socialismo del siglo XXI, tal como lo ha propuesto el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Se trata, sin duda, del proyecto sociopolítico más desafiante que se ha planteado nuestra revolución, y que requiere la imaginación y la participación de todas las organizaciones populares, de las instituciones públicas, y, principalmente, de todo el pueblo venezolano, sin distinción de raza, de género y de cultura. Otro mundo es posible, otra sociedad es posible.
La Alcaldía Metropolitana acepta este reto, y propone un debate político e ideológico sobre la forma en que se debe hacer la refundación de los órganos y entes públicos, con miras a la creación de un modelo flexible, dinámico e interactivo, que le permita al pueblo organizado relacionarse, productivamente, con el Estado Bolivariano. Esto se llama poder para el pueblo.
La democracia protagónica y participativa obliga a grandes transformaciones. Creemos que los planteamientos aquí recogidos son un valioso aporte para esta discusión, ya que han servido de guía práctica en los numerosos cambios internos y externos que se han iniciado en la Alcaldía desde 2004. Venimos transformando aceleradamente sus estructuras administrativas y operativas, para adecuarlas a la relación estrecha y horizontal que debemos promover con el pueblo organizado.
Nuestra propuesta fundamental es que el pueblo, a través de los consejos comunales, tal y como lo establece la Ley de Consejos Comunales en su Artículo Primero, llegue a convertirse en una verdadera Red del Poder Popular que participe, proponga, regule y vigile las políticas públicas en sus diversas instancias locales y nacionales: las parroquias, los municipios, el distrito metropolitano y los estados nacionales. Esto significa estimular un nuevo modelo de organización colectiva que funcione en red, que interactúe con los distintos actores sociales y políticos abocados al proceso de toma de decisiones.
El desafío de construir el socialismo del siglo XXI nos obliga a repensar, de manera creativa, las formas de concebir esta relación entre la Red del Poder Popular y el Estado, para que no se cometan, de nuevo, los errores históricamente conocidos. Definir erróneamente esta relación traería como consecuencia, por un lado, que el Estado termine secuestrando la voluntad popular; por otro, que se establezcan relaciones de representación que diluyan la creatividad, la iniciativa y el poder participativo de la gente. En suma, que se reste potencia a los grandes cambios sociales que se están impulsando, y que debemos continuar impulsando en los años por venir.
El desafío obliga a un verdadero compromiso de corresponsabilidad, del pueblo con el Estado y del Estado con su pueblo, y a una simbiosis dinámica y flexible que opere como a una gran red de interdependencias. La Constitución Bolivariana recoge, a través de sus artículos 6, 55, 62, 70, 168, 182 y 184, las directrices a las que deben apuntar los cambios. Estos artículos le otorgan al pueblo organizado, y a lo que debe convertirse en una verdadera Red del Poder Popular, la potestad de diseñar y construir los poderes públicos, en abierta consonancia con las demandas y dinámicas de la población nacional.
El soberano debe participar en su rediseño y refundación, para que sus estructuras operativas se adapten a las necesidades sociales. En los artículos antes mencionados se encuentra recogido el verdadero potencial revolucionario de nuestro proceso, y eso nos hace romper, definitivamente con el modelo puntofijista de representación, en el cual la toma de decisiones se hacía desde arriba, desde la cúpula del poder. La Revolución Bolivariana es, y será, un proceso que se funda en los poderes creadores del pueblo, en su potencia constituyente, y cuya organización se realiza desde abajo hacia arriba. Sólo de esta manera será factible producir los grandes cambios que permitan una sociedad inclusiva, digna y justa.
Las bases populares de la Revolución Bolivariana han crecido de una manera asombrosa desde que se inició el proceso constituyente, en 1999. El soberano ha asumido valientemente, ante las diversas coyunturas políticas y sociales, un rol protagónico, como se evidencia en las numerosas organizaciones que se han articulado -y afirmado- en los últimos siete años. El pueblo ha reclamado el auténtico poder que le otorga la Constitución venezolana para desarrollar sus potencialidades y para transformar sus condiciones de vida, en un marco de equidad y justicia.
A pesar de este hecho poderosamente revolucionario, tenemos que asumir, no obstante, que heredamos una estructura burocrática en los distintos poderes e instancias públicas, como es el caso de la Alcaldía del Distrito Metropolitano, que limita y entraba la capacidad de respuesta que debe dar el Estado a ese pueblo organizado, que demanda cada día mejores condiciones de vida y dignidad.
Si bien estamos conscientes de la deuda infinita que tenemos con el pueblo venezolano, se ha hecho necesaria una actuación acelerada que permita la refundación efectiva de las instituciones del Estado, pues la Constitución Bolivariana establece que todas las instancias locales y nacionales deben propiciar, socialmente, un proceso democrático, protagónico, participativo, deliberativo y cogestionario.
Los principios fundamentales de la Constitución Bolivariana dibujan una ruta de navegación precisa para la construcción de la sociedad justa. Nuestra Constitución es la fuente doctrinaria que sustenta la tarea común de construir el socialismo del siglo XXI, tal como lo ha propuesto el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Se trata, sin duda, del proyecto sociopolítico más desafiante que se ha planteado nuestra revolución, y que requiere la imaginación y la participación de todas las organizaciones populares, de las instituciones públicas, y, principalmente, de todo el pueblo venezolano, sin distinción de raza, de género y de cultura. Otro mundo es posible, otra sociedad es posible.
La Alcaldía Metropolitana acepta este reto, y propone un debate político e ideológico sobre la forma en que se debe hacer la refundación de los órganos y entes públicos, con miras a la creación de un modelo flexible, dinámico e interactivo, que le permita al pueblo organizado relacionarse, productivamente, con el Estado Bolivariano. Esto se llama poder para el pueblo.
La democracia protagónica y participativa obliga a grandes transformaciones. Creemos que los planteamientos aquí recogidos son un valioso aporte para esta discusión, ya que han servido de guía práctica en los numerosos cambios internos y externos que se han iniciado en la Alcaldía desde 2004. Venimos transformando aceleradamente sus estructuras administrativas y operativas, para adecuarlas a la relación estrecha y horizontal que debemos promover con el pueblo organizado.
Nuestra propuesta fundamental es que el pueblo, a través de los consejos comunales, tal y como lo establece la Ley de Consejos Comunales en su Artículo Primero, llegue a convertirse en una verdadera Red del Poder Popular que participe, proponga, regule y vigile las políticas públicas en sus diversas instancias locales y nacionales: las parroquias, los municipios, el distrito metropolitano y los estados nacionales. Esto significa estimular un nuevo modelo de organización colectiva que funcione en red, que interactúe con los distintos actores sociales y políticos abocados al proceso de toma de decisiones.
El desafío de construir el socialismo del siglo XXI nos obliga a repensar, de manera creativa, las formas de concebir esta relación entre la Red del Poder Popular y el Estado, para que no se cometan, de nuevo, los errores históricamente conocidos. Definir erróneamente esta relación traería como consecuencia, por un lado, que el Estado termine secuestrando la voluntad popular; por otro, que se establezcan relaciones de representación que diluyan la creatividad, la iniciativa y el poder participativo de la gente. En suma, que se reste potencia a los grandes cambios sociales que se están impulsando, y que debemos continuar impulsando en los años por venir.
El desafío obliga a un verdadero compromiso de corresponsabilidad, del pueblo con el Estado y del Estado con su pueblo, y a una simbiosis dinámica y flexible que opere como a una gran red de interdependencias. La Constitución Bolivariana recoge, a través de sus artículos 6, 55, 62, 70, 168, 182 y 184, las directrices a las que deben apuntar los cambios. Estos artículos le otorgan al pueblo organizado, y a lo que debe convertirse en una verdadera Red del Poder Popular, la potestad de diseñar y construir los poderes públicos, en abierta consonancia con las demandas y dinámicas de la población nacional.
El soberano debe participar en su rediseño y refundación, para que sus estructuras operativas se adapten a las necesidades sociales. En los artículos antes mencionados se encuentra recogido el verdadero potencial revolucionario de nuestro proceso, y eso nos hace romper, definitivamente con el modelo puntofijista de representación, en el cual la toma de decisiones se hacía desde arriba, desde la cúpula del poder. La Revolución Bolivariana es, y será, un proceso que se funda en los poderes creadores del pueblo, en su potencia constituyente, y cuya organización se realiza desde abajo hacia arriba. Sólo de esta manera será factible producir los grandes cambios que permitan una sociedad inclusiva, digna y justa.
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