viernes, 13 de abril de 2007

PODER POPULAR, PODER CONSTITUYENTE
PODER CONSTITUYENTE: ENSAYO III

III

LEY DE CONSEJOS COMUNALES.
UNA GUÍA PARA LA ACCIÓN



Desde el mes de abril de 2006, el Gobierno Nacional y los distintos poderes públicos del Estado venezolano cuentan con una herramienta fundamental para desarrollar las distintas instancias de participación popular, y para integrarlas en la gestión pública de manera corresponsable, tal como lo exige la Constitución Bolivariana. Ese instrumento es la Ley Especial de Consejos Comunales, aprobada por la Asamblea Nacional, y que dota de un amplio marco de acción a los movimientos sociales, para que se organicen eficientemente y estructuren sus demandas políticas ante las diversas instancias del Estado.

La Ley nos traza el camino preciso para canalizar proyectos y financiamientos, brindar apoyo técnico y humano a las comunidades caraqueñas y contribuir de manera activa en la articulación e integración de las diversas organizaciones sociales, con el objeto de construir el entramado de la Red del Poder Popular, tal como lo estamos proponiendo públicamente.

Ejercer las políticas públicas con sentido de solidaridad, corresponsabilidad y transparencia es una de las metas que se ha trazado la Ley de Consejos Comunales, y esto reafirma la concepción de una gestión social y política que involucra al pueblo organizado y a todos los poderes públicos. La Ley de Consejos Comunales establece claramente dos formas internas de organización comunitaria, una soberana, que se traduce en la formación de la Asamblea de Ciudadanos, y otra operativa, que se organiza a través de los distintos comités de trabajo comunitario. La idea que tenemos, desde la Alcaldía Metropolitana, es fortalecer el trabajo colectivo de las comunidades, reconociendo cada uno de los consejos comunales y apoyando las iniciativas que se ejecutan a través de los distintos comités. Recuérdese que el trabajo en red del Poder Popular implica que la red se constituya desde el mismo seno de las comunidades. Así lo establece la Ley de Consejos Comunales, al concebir la organización comunitaria en distintos comités de trabajo, con voceros y voceras específicos que dialogan con los otros comités de la comunidad y con las autoridades públicas.

Las comunidades caraqueñas se encuentran actualmente en fase de organización y de constitución acelerada de los consejos comunales. La unificación de las organizaciones sociales en esta figura permitirá crear políticas claras y coherentes que involucren a todos los ciudadanos. Este es el punto de partida para hacer crecer una Red del Poder Popular, que ya no sólo se complazca en esperar de los políticos los recursos y los financiamientos, sino que sea capaz de crear ella misma políticas públicas con sentido democrático, inclusivo y participativo.

La Ley de Consejos Comunales subraya la necesidad de que las comunidades desarrollen conocimientos sobre gestión financiera y contraloría social, con el objeto de aumentar su autonomía y evaluar la manera de gestionar los recursos, de parte de los organismos e instituciones públicas que lo manejan. Esta visión es, sin duda, el primer paso para un cambio revolucionario de la concepción del Estado y de la democracia. La Ley de Consejos Comunales allana el camino para la toma de decisiones desde abajo y para la construcción de una sociedad más justa, más equilibrada, guiada por las necesidades manifiestas de las comunidades que la integran.

PODER POPULAR, PODER CONSTITUYENTE
PODER CONSTITUYENTE: ENSAYO IV

IV
LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DEL PODER POPULAR

Es un hecho real y concreto que desde que se inició el proceso Constituyente, en 1999, en el que por primera vez el Poder Originario del Soberano fue consultado para aprobar y hacer suya una Constitución, se han abierto nuevos espacios de participación popular que han permitido la irrupción y consolidación de numerosas organizaciones comunitarias como los Cómites de Tierras Urbanas, los Comités de Participación Vecinal, las Mesas Técnicas de Agua y los Comités de Salud, entre otras tantas.

Estas organizaciones han propiciado una auténtica actividad democrática, participativa, deliberativa y protagónica, que ha impulsado el principio de cogestión con los poderes públicos, tal como lo demanda la Constitución Bolivariana. Este impulso creativo, animado por los lineamientos centrales del proceso político nacional, debe ser organizado con miras a constituir una verdadera Red del Poder Popular, que integre todos los movimientos y permita ejercer un gobierno participativo en beneficio de todos.

T. Negri nos recuerda que en sociedades complejas, desiguales y marcadas por una profunda e irreductible diversidad cultural y territorial, como es el caso de Venezuela, el gran reto es construir una portentosa multitud, que cree un espacio común de objetivos y principios. Tenemos que ser capaces de constituir un movimiento de movimientos, y esto sólo es posible si generamos dinámicas de interacción en red entre todos los actores sociales, y se crean novedosas maneras de reunirse, discutir, dialogar y, sobretodo, tomar decisiones. Esta es la forma en que el pueblo debe ejerce el poder en el socialismo del siglo XXI.

Creemos que las demandas sociales no se pueden desarrollar en este proceso político de manera unilateral, porque se dispersarían las fuerzas populares y se perderían los objetivos políticos generales. Crearíamos lo que se denomina, dentro del campo de la física, una entropía o caos de energía. Tenemos que trabajar para favorecer el modelo del movimiento de los movimientos, es decir, en la creación de una Red del Poder Popular que integre las demandas de las mayorías, y consolide diversos espacios -físicos y virtuales- para el intercambio de información, para la discusión y la toma de decisiones en común.

Las tareas de cogestión deben ser asumidas como una gran secuencia histórica, en la que debemos interactuar permanentemente todos los actores sociales del proceso. Aún existen muchos obstáculos y desafíos por superar, como la pesada herencia burocrática de la IV República, pero sólo marchando juntos, con tareas políticas comunes y metas compartidas, podremos alcanzar en la práctica un desarrollo social, real y sostenible. La construcción de una Red del Poder Popular es el primer paso en este proceso.
Desde la Alcaldía Metropolitana hemos venido desarrollando una concepción sistémica del trabajo en red, que intenta no sólo articular y potenciar las distintas fuerzas sociales y populares de la ciudad, sino que adicionalmente busca manejar visiones flexibles, dinámicas y democráticas, acordes con los desafíos del socialismo del siglo XXI que estamos construyendo. En este sentido, debemos explicar algunos conceptos fundamentales que aclaran nuestro enfoque y nuestra visión de lo que debería llegar a ser la Red del Poder Popular.

El tema de fondo de la construcción de una Red del Poder Popular radica en la definición de las unidades de acción. Quiénes son sus actores, qué los identifica y en qué lugar o territorio actúan. En otras palabras, qué define a una comunidad. Lógicamente, este tema se asocia con otro aspecto fundamental de la estructura funcional y organizativa de la Red: la condición de vecindad o distancia entre los distintos componentes que la integran, a fin de optar por modelos de organización discretos o continuos.

Estamos convencidos de que la tecnología comunicacional es el medio para vincular a los conglomerados sociales que no pueden reunirse físicamente en una asamblea de ciudadanos. También hay que subrayar las cualidades de los flujos organizacionales, y las propiedades específicas que tienen los actores dentro del proceso que se busca construir. Existen cuatro conceptos que tenemos que tener claros:

Red sistémica: El principio fundamental de la teoría sistémica radica en el reconocimiento del Todo como el resultado superior a la suma de las Partes. La concepción de totalidad supone la sinergia y la referencia holística. Nuestra concepción reafirma el diseño y la construcción de una Red que se constituya gracias a la asociación de múltiples actores sociales, que persiguen un fin específico y se mantienen, para conseguirlo, en interconexión permanente. Un sistema consiste en la integración de distintos niveles. De separarse, cada una de las partes puede llegar a tener rasgos asociados al sistema, pero no funcionar como tal. Desde esta perspectiva, los aspectos centrales en la identificación y funcionalidad de un sistema están caracterizados por la organización y la interacción. Concebimos sistemas abiertos e interconectados, donde se favorece el intercambio de materia, energía e información. Debemos garantizar que la red sea viable, equilibrada y sostenible. Lo más importante es que de la unión de las partes, del intercambio de materia y energía de los distintos actores sociales, surgirán nuevas expresiones funcionales y estructurales que antes no existían. La Red del Poder Popular, debido a su organización e interacción, crea nuevas condiciones y necesidades para el ejercicio social de la política. Y esto es sumamente revolucionario.

Identificación de objetivos: Hay que definir claramente la razón de ser de la Red del Poder Popular. Tenemos que establecer los objetivos y las metas en un tiempo y un espacio específicos. Toda Red tiene uno o varios propósitos u objetivos, a partir de los cuales se organiza y se estructura como sistema.

Interrelación e interdependencia: Hay que mantener una estrecha interrelación entre los componentes y las partes del sistema, bajo la visión de un orden compuesto. Es decir, tenemos que comprender que el "valor agregado" de la relación de los componentes en Red produce una nueva forma de organización de la materia y de la energía. En pocas palabras, del Pueblo. Esta relación supone el principio de circularidad inmanente. El cuerpo de la Red Popular produce sus propias necesidades y motivaciones.

Sinergia: Es la acción cooperativa de los distintos componentes que entablan relación dentro de una Red. Sin ser indispensable, la sinergia tiene una gran utilidad en el incremento del rendimiento del sistema y de sus componentes. La sinergia ayuda a que determinados subsistemas potencien la acción coordinada de otros subsistemas. Y este es un valor al que le damos suma importancia: la cooperación es fundamental para que todos los actores sociales, que componen la Red del Poder Popular, marchen bajo objetivos y propósitos comunes, bajo una idea colectiva, dinámica y siempre en movimiento.

La participación popular activa tres grandes procesos que debemos potenciar al máximo, con miras a crear verdaderas comunidades organizadas a través de Consejos Comunales. La unión de ciudadanos en territorios definidos (físicos y virtuales) y la unión de comunidades bajo demandas y exigencias similares obliga a establecer procesos fluidos de comunicación interpersonal, intercambio de información, cooperación y toma de decisiones. La buena comuncación, como sabemos, es productora de comunidad. El intercambio y la interacción entre los distintos actores sociales obligan no sólo al uso común de lenguajes, culturas y demandas, sino que, además, en la medida en que se fortalecen estos espacios y estos vínculos, se crean nuevos lenguajes y nuevos propósitos políticos con carácter colectivo. La comunicación en red garantiza la producción de lo común y propicia formas de organización, de racionalidad y de creatividad social, totalmente novedosas y revolucionarias.

La unificación de demandas a través de asambleas de ciudadanos y ciudadanas, el órgano esencial que le da base organizacional a los consejos comunales, tal como lo especifica la Ley de los Consejos Comunales en el artículo 3, obliga a tener claras las tres fases del proceso que potencian la participación popular:
Existen dos temibles fantasmas que debemos espantar, si queremos garantizar el fortalecimiento de la participación popular en los distintos consejos comunales. Estas amenazas se relacionan, fundamentalmente, con el hecho de que las decisiones no se ejecuten, a pesar de que se acuerden en asamblea, y que, debido a la complejidad de la toma de decisiones (de un consejo comunal dado a los poderes públicos de la nación), el modelo de participación termine transformándose en un modelo de representación, en el que la actuación protagónica y activa del ciudadano se diluye en representantes y delegados. De esta manera, se pone en riesgo el protagonismo del pueblo y la posibilidad misma de tomar decisiones. El concepto de democracia participativa estaría en peligro si no afrontamos el desafío de construir una Red del Poder Popular que trabaje cogestionada y corresponsablemente con los distintos poderes públicos. Una Red que sea flexible, dinámica, interactiva y de carácter horizontal.

¿Qué significa poder? Significa expresarse libremente, llevar a la acción los planteamientos colectivos, materializar ideas y proyectos. En este sentido, el Soberano adquiere poder, en primer lugar, de manera directa, al construir organizaciones en las que se puedan ventilar y organizar las distintas demandas y necesidades de una comunidad. En estas organizaciones se ejerce la democracia participativa y protagónica, en la que no se introducen elementos ni agentes de representación o mediación política. La comunidad, directamente, ejerce sus poderes, al organizarse como colectivo para enfrentar los problemas, así como para dar respuestas concretas y oportunas a todos los integrantes de dicha comunidad.

La segunda forma de ejercer el poder, tal como lo contempla la Constitución Bolivariana, es eligiendo a los poderes públicos del Estado y haciéndolos suyos. El artículo 5 es enfático a la hora de determinar la creación de un espacio de poder, de un espacio soberano, que es originario e irrenunciable:
  • Artículo 5: La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.
Los representantes de los poderes públicos, elegidos por el pueblo soberano, deben convertirse en facilitadores, y en entes capaces de transferir los recursos técnicos, operativos y financieros a la Red del Poder Popular, y de promover los procesos de cogestión y corresponsabilidad. Este modelo obliga tanto al pueblo organizado como al Estado a "bailar" juntos, con tareas y direcciones comunes, imposibles de deslindar.

PODER POPULAR, PODER CONSTITUYENTE
PODER CONSTITUYENTE: ENSAYO V

V
LA RED Y LOS NIVELES DEL PODER POPULAR

La propuesta concreta que tiene la Alcaldía del Distrito Metropolitano para el diseño y la construcción de una Red del Poder Popular toma en cuenta la realidad y complejidad de nuestra estructura y división territorial. De esta manera, consideramos que la Red debe tener 6 niveles de trabajo que reproducen a cada escala una realidad, un proyecto de comunidad y una fuente de interacción colectiva. Es decir, cada nivel incorpora procesos de comunicación, identificación y pertenencia que son indispensables para conformar una vasta y diversa multitud, tal como lo concibe T. Negri. Estos niveles son los siguientes:

N1 - La comunidad. Debe ser definida como el conjunto de personas que ocupan un área geográfica determinada, con características culturales homogéneas, con intereses y prácticas sociales comunes, con un nivel de cohesión interna que se soporta en lazos de solidaridad, de pertenencia y de cooperación. El intercambio de cada uno de los miembros de la comunidad debe darse cara a cara. El artículo 4 de la Ley de los Consejos Comunales, en su apartado I, define a la comunidad, y también los límites que ésta debe tener a la hora de organizarse en consejos comunales, los cuales no deben exceder las 400 familias: "Es el conglomerado social de familias, ciudadanos y ciudadanas que habitan en un área geográfica determinada, que comparten una historia e intereses comunes, se conocen y relacionan entre sí, usan los mismos servicios públicos y comparten necesidades y potencialidades similares: económicas, sociales, urbanísticas y de otra índole".

N2 - Los sectores: Son grupos de comunidades que se asocian por afinidad urbana, cultural, social o económica. Las distintas investigaciones sociales y urbanísticas han demostrado que la manera de ocupar un territorio, un barrio dado, se produce en oleadas de familias o de grupos que comparten el lugar de procedencia. De manera que los barrios son conglomerados sociales marcados por la diversidad y las diferencias afectivas o culturales. Un barrio está conformado por diversos sectores, que aunque conviven de manera estrecha, no pueden ser considerados como una unidad homogénea de intereses.

N3 - Las parroquias: Es una de las divisiones territoriales que se conservan en Venezuela desde los tiempos de la Colonia. Es un término histórico vinculado con la división eclesiástica. Supone un conjunto de sectores bajo la jurisdicción de una determinada Iglesia, independientemente de sus linderos y fronteras. En la Constitución Bolivariana, la parroquia sirve no sólo para designar a los diversos sectores de un municipio, sino también para nombrar una unidad territorial y cultural, a la vez plural y común, con elementos de pertenencia e identidad que sirven de cohesión urbana.

N4 - El municipio:
Es la unidad política primaria de la organización nacional de los poderes públicos. Gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de la Constitución Bolivariana. Es la unidad administrativa más pequeña del Estado venezolano y agrupa a un determinado número de parroquias, independientemente de sus fronteras.

N5 - Los estados: Son entidades autónomas e iguales, unas de otras, en lo político. Tienen personalidad jurídica plena, y están obligadas a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional. Los estados agrupan a un determinado número de municipios, independientemente de sus fronteras.
N6 - La nación: Es la entidad jurídica y política formada por el conjunto de habitantes del país, regido por el mismo gobierno. Es una unidad independiente y soberana, constituida por la suma de comunidades, sectores, parroquias, municipios y estados. La nación posee poderes que administran los recursos que sirven para el desarrollo de políticas públicas, y cuyo objetivo fundamental es alcanzar a todos los ciudadanos por igual, con el objeto de construir una sociedad justa y equilibrada.

La construcción de una Red del Poder Popular requiere integrar y articular las organizaciones populares y comunitarias en torno a un sistema flexible e interdependiente, que permita enlazar las diversas realidades y demandas que se establecen en cada uno de los seis niveles. A tal efecto, debemos establecer, en primer lugar, algunos mecanismos informativos que garanticen la comunicación entre los distintos niveles: debemos censar los consejos comunales y las organizaciones populares que funcionan actualmente en las comunidades, definir el tipo de actividades que realizan y la orientación política e ideológica que las motiva. Es necesario ir adecuándolas progresivamente a la estructura que contempla la Ley de los Consejos Comunales e insistir en las maneras idóneas de participación y toma de decisiones, mediante la creación de Asambleas de Ciudadanos.

En esta fase preliminar, que la Alcaldía Metropolitana ya ha venido desarrollando en las comunidades, sectores, parroquias y municipios que conviven en el Distrito Capital, ha podido detectarse que deben llegar a constituirse más de 3.000 consejos comunales en el área metropolitana. Hasta la fecha, existen más 600 consejos que se encuentran activos y en funcionamiento. En esta fase de divulgación de las herramientas que contempla la Ley, debemos insistir en los aspectos educativos y formativos, para que el pueblo active los mecanismos de participación, organización, solidaridad y cooperación, que son los verdaderos valores colectivos, y que oponen al individualismo y el egoísmo de las sociedades excluyentes. Se trata de crear cada día más condiciones para la consolidación de una sociedad armónica, equilibrada y sin exclusión.

Lo que no establece la Ley de los Consejos Comunales es cómo llevar a cabo la construcción de una Red del Poder Popular que integre todos los niveles y realidades del país, desde las más locales hasta las más nacionales. Este proceso debe realizarse bajo consulta y participación de todos los actores sociales, se deben crear reglas comunes y, lo más importante, mecanismos claros y expeditos que garanticen la toma de decisiones y las formas en que éstas, concretamente, se hacen realidad. Se trata de crear redes organizadas en torno a los valores de flexibilidad, dinamismo y eficiencia.

PODER POPULAR, PODER CONSTITUYENTE
PODER CONSTITUYENTE: ENSAYO VI

VI
LA FORMA DE GESTIONAR LA RED DEL PODER POPULAR

Tres pasos son necesarios para articular la Red del Poder Popular, y desde la Alcaldía del Distrito Metropolitano los estamos impulsando:

- La construcción de espacios físicos para el encuentro y la reunión de los consejos comunales. Hemos denominado este proyecto Casas del Poder Popular, en donde los miembros de la comunidad, de manera centralizada, podrán ejercer sus derechos a la información, intercambio, comunicación y toma de decisiones en forma de asambleas de ciudadanos. El espacio construido, adicionalmente, garantiza la constitución comunitaria de tareas comunes, por ser sitio de reunión, de congregación. Contará además con una plataforma tecnológica e informática que permita establecer puentes y relaciones virtuales con otros consejos comunales y con autoridades del Poder Público.

- El diseño de una red informática que permita la conexión e interacción entre los diversos consejos comunales (distribuidos en comunidades, sectores, parroquias, municipios y estados) y los entes públicos. La red estaría dotada de herramientas de comunicación idóneas para la deliberación, la discusión y toma de decisiones colectivas: comunicación en línea con cámaras que garanticen, a distancia, el encuentro directo entre los distintos actores sociales.

- Un sistema de toma de decisiones que garantice, efectivamente, que las comunidades puedan llegar a percibir resultados concretos y contables de sus iniciativas. Hay que hacer mucho hincapié en que este sistema debe relacionar, de manera interdependiente, tanto a los consejos comunales como a las diversas instancias del Poder Público, dado que la corresponsabilidad es el paradigma fundamental para fiscalizar y hacer contraloría mutua de las transferencias de recursos (materiales e in-materiales) a las distintas comunidades.

Para que el proyecto de Red del Poder Popular mantenga su valor protagónico es necesario que cada instancia y cada consejo comunal funcionen interconectados de manera directa y horizontal tanto con otros consejos comunales como con las estructuras formales de los Poderes Públicos del Estado, en los 6 niveles de su división territorial.

La Red del Poder Popular, a nivel parroquial, debe mantener estrecha comunicación e intercambio con el Jefe Civil y la Junta Parroquial. En el ámbito municipal, la Red del Poder Popular debe establecer relaciones con el alcalde y con el consejo municipal. En el nivel metropolitano, o en el de los estados, la Red debe estar conectada con el alcalde metropolitano y con el cabildo metropolitano, o con el gobernador y la asamblea legislativa, respectivamente. A nivel nacional, la Red del Poder Popular debe poder comunicarse con el Consejo Federal de Gobierno, el Consejo de Ministros y el Presidente de la República.

Esta Red no está planteada de manera vertical y excluyente. Queremos hacer énfasis en la capacidad de interacción y comunicación de todos los niveles de la Red Popular con los poderes públicos, tanto en conexiones directas como excepcionales. Debemos garantizar que el Poder Público en sus diversas instancias asuma sus responsabilidades y tome decisiones en el ámbito exclusivo de sus competencias y su circunscripción, pero también debemos evitar restringir las demandas y competencias del pueblo organizado. Es decir, en esta estructura por niveles e interacciones, debe protegerse al máximo el principio constituyente y también instituyente que tienen las demandas colectivas en los procesos de gestión pública. Es decir, debemos garantizar que un consejo comunal pueda, en una circunstancia excepcional dada, comunicarse con el Presidente de la República para manifestar una demanda o una solicitud que no ha sido debidamente resuelta por las instancias estatales correspondientes. Debemos garantizar, ante todo, un flujo de información permanente entre el pueblo organizado y el Estado Bolivariano en sus diferentes ámbitos de competencia, con miras a crear condiciones para la acción común y la gestión eficientes.

La idea fundamental es que esta estructura interdependiente, dinámica y flexible de la Red del Poder Popular, que conecta a las mayorías sociales del país con los poderes públicos, produzca a corto plazo resultados de diversa índole que son fundamentales: mejoras sustanciales en la administración y gestión de los poderes comunitarios, transformación de la Administración Pública, mejoras en el nivel de vida de la población, consolidación de la relación del Estado y del pueblo organizado, así como una cohesión política de los sectores populares que se traducirá en la consolidación revolucionaria de una visión colectiva amplia y plural.

Es fundamental recalcar que, en lo que concierne a los poderes públicos, el artículo 184 de la Constitución Bolivariana (y sus distintos apartados) ofrece la dirección precisa que debe imperar para la creación de una red flexible e interdependiente que garantice las transferencia de recursos, tanto materiales como inmateriales, al pueblo y a la comunidades organizadas. Estímulo a la participación colectiva en procesos económicos y sociales, estímulo a la contraloría social y a la cogestión de los asuntos públicos, y transferencia de recursos y servicios son las aristas fundamentales que establece la Constitución Bolivariana para transformar los poderes públicos en instancias dinámicas y en constante interacción con los sectores sociales:
  • Artículo 184. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y tranfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen, previa demostración de su capacidad para prestarlos.

PODER POPULAR, PODER CONSTITUYENTE
PODER CONSTITUYENTE: ENSAYO VII

VII

CAMBIO DE PARADIGMA Y GESTIÓN PÚBLICA

Transformar el Estado y sus diversas dependencias y organismos no es tarea sencilla. Durante los 40 años de la llamada "democracia" del Pacto de Punto Fijo, el Estado generó formas normalizadas de control, sintetizadas en un tejido institucional que garantizaba una relación o, mejor dicho, una forma de dominación social. Los gobiernos de la IV República secuestraron la voluntad popular a través de instituciones, leyes y prácticas gubernamentales que establecían un tipo de relación que era profundamente discriminatoria y excluyente de los sectores sociales mayoritarios. La dinámica fundamental de dominación exigía control, seguimiento y evaluación continua por parte de un conjunto de funcionarios, que le otorgaban corporalidad al gobierno y celaban los intereses de las cúpulas y de los sectores elitescos.

De esta manera se forjó una peligrosa y anquilosada burocracia estatal que, no consciente de su rol, dificulta relaciones, desprecia nexos y establece vínculos verticales con el resto de la población. Esta es la manera como se creó un cuadro complejo donde el Estado se encerró en sí mismo, se concentró en su lógica administrativa y consolidó unas relaciones de poder en las que el pueblo tenía todas las de perder. El estado puntofijista era profundamente burgués y la burocracia operaba como un mecanismo para perpetuar a las élites y a los privilegiados. En Venezuela se reprodujo el modelo que ya había descrito el "Che" Guevara en su célebre texto Contra el Burocratismo:
  • "La burocracia, evidentemente, no nace con la sociedad socialista ni es un componente obligado de ella. La burocracia estatal existía en la época de los regímenes burgueses, con su cortejo de prebendas y de lacayismo, ya que a la sombra del presupuesto medraba un gran número de aprovechados que constituían la 'corte' del político de turno. En una sociedad capitalista, donde todo el aparato del Estado está puesto al servicio de la burguesía, su importancia como órgano dirigente es muy pequeña... (es) lo suficientemente permeable como para permitir el tránsito de los aprovechados y lo suficientemente hermético como para apresar en sus mallas al pueblo"
Esta es la realidad que heredó el presidente Chávez y el proceso revolucionario en general, realidad que hemos tenido que enfrentar sostenidamente para evitar el "saboteo" interno a los desafíos que demanda la Constitución Bolivariana y la nueva democracia protagónica y participativa. Nuestro esfuerzo consiste en ampliar orgánicamente la base social y darle el poder a la gente para que controle las funciones de gobierno. Se trata de implementar mecanismos sociales genuinamente humanos, solidarios, cooperativos y libertarios en los que el Estado asume su rol de facilitador. De este modo, el objetivo fundamental es que el ciudadano organizado en comunidad perciba que la creatividad e iniciativa siempre están de su parte, y que el poder del pueblo es originario e intransferible.

Si bien el Ejecutivo Nacional tuvo que crear mecanismos expeditos y directos de acción y gestión pública, para evitar la trampa burocrática que ha dejado el Estado Puntofijista, la tarea de refundar los poderes públicos aún sigue pendiente y es el desafío más importante que debemos afrontar a corto y mediano plazo. Se crearon un conjunto de Misiones Sociales para dar respuesta efectiva a una problemática profunda, ligada a la pobreza y la exclusión de amplios sectores de la población. Estas Misiones representan hoy el vínculo más estrecho y sincero que ha podido establecerse entre el pueblo y el Gobierno nacional. Las cifras y los efectos de esta vasta acción social hablan por sí solos, y dan cuenta del impacto tremendo que han tenido las Misiones en las áreas de educación, salud y alimentación, porque atienden a los sectores más vulnerables de nuestra población.

La Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas deberá abordar un proceso de reestructuración y transformación que le permita asumir los compromisos que la revolución bolivariana y el pueblo están exigiendo. Para esto nos hemos fijado como norte la creación de la red interdependiente con el Poder Popular, así como su adecuación a los paradigmas de participación, cogestión y contraloría social que demanda la Constitución. Esta propuesta no sólo se circunscribe al ámbito del Distrito Metropolitano, antes bien es un modelo que debe extenderse a todos los poderes públicos, a fin de abocarse a la construcción de la Red del Poder Popular y propulsar los procesos de cogestión con el pueblo organizado.

La Alcaldía Metropolitana considera necesario crear una infraestructura administrativa eficaz y eficiente, que esté en función de actividades que no dupliquen las tareas de los actores que participan en los proyectos y las gestiones. Es necesario establecer tres áreas de trabajo para que esta infraestructura pública funcione adecuadamente. En especial, la de la Alcaldía del Distrito Metropolitano: Planificación y diseño, Producción de bienes y servicios y Transferencia de recursos.

Planificación y Diseño: Concebimos esta área como un amplio proceso de preparación de proyectos y de toma de decisiones evaluables en el tiempo y en el espacio, dirigidas a la construcción de un entorno físico del área metropolitana más equilibrado y sustentable, y pensado a partir de una doble premisa sistémica: el hombre está en función de la naturaleza y sus potenciales están en función de las restricciones que ésta impone. De esta manera podemos contribuir al desarrollo equilibrado de la ciudad, y tomar en cuenta el hábitat del ciudadano y las restricciones ambientales que están asociadas a su comunidad.

Producción y servicios: Área que busca fabricar productos y prestar servicios sociales, destinados a atender a la población. Partimos del criterio de que la población está en capacidad de participar, activamente, en los procesos de producción o prestación de servicios. O en todo caso, debe ser instruida y capacitada para desarrollar dichas competencias. Este enfoque permite no sólo incorporar al mercado laboral a sectores muy vulnerables de la población, que requieren generar ingresos económicos y mejorar sus condiciones de vida, sino que además se estaría contribuyendo a potenciar la formación laboral de la sociedad, a potenciar la creatividad e iniciativa de los ciudadanos, mediante cooperativas. Más decisivamente, potenciar el desarrollo endógeno de la Nación.

Transferencia de recursos: Debemos garantizar la transferencia oportuna y sostenible de los recursos financieros y técnicos de la Alcaldía Metropolitana a la Red del Poder Popular, con el objeto de motorizar la ejecución de los proyectos sociales y comunitarios. La transferencia de recursos no se puede dar sin la debida asesoría técnica y calificada, y tampoco sin la debida supervisión y contraloría social, ya que estos mecanismos le garantizan al pueblo organizado la concreción de la inversión pública en los proyectos demandados y la transparencia de la gestión administrativa.

Hay que reconocer que los procesos de cogestión son dinámicos y responden a una diversidad de situaciones, lo cual obliga a jerarquizar los proyectos, la dotación de servicios y recursos con base en períodos de tiempo que varían de lo inmediato al largo plazo. Lo importante es que la gestión conserve tres principios operativos fundamentales:

Dinamismo: Una gestión siempre en movimiento y en trabajo cada vez más expeditas, sencillas y efectivas.

Flexibilidad: Capacidad de adaptación de los proyectos a realidades y situaciones concretas, así como a variaciones ocurridas en el tiempo y en el espacio. Tenemos que ser capaces de poder transformar, a tiempo, lineamientos que no ofrecen, en la práctica, beneficios concretos para las comunidades.

Integración: Tenemos que ser capaces de abandonar la fragmentación, el análisis localizado y descontextualizado de problemas, así como la división o parcelación de soluciones. Debemos impulsar una filosofía de la gestión pública que se comprometa, integralmente, a pensar todas las fases del problema y sus posibles soluciones. Debemos abordar nuestras tareas con un sentido holístico de la situación.

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PODER CONSTITUYENTE: ENSAYO VIII

VIII
UNA ALCALDÍA A LA ALTURA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

Según la Sentencia de Interpretación del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 13-12-2000, de la Ley sobre el Régimen del Distrito Metropolitano de Caracas y de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas, la actual Alcaldía Metropolitana tiene bajo su jurisdicción las siguientes competencias:
  • * El acueducto metropolitano de Caracas.
    * Distribución y venta de electricidad y gas doméstico.
    * Planificación y ordenación urbanística, ambiental, arquitectura civil y viviendas de interés social.
    * Vialidad urbana, circulación y ordenación del tránsito de vehículos en el área metropolitana.
    * Los servicios de transporte urbano intercomunal de pasajeros del Distrito Metropolitano.
    * Protección civil, seguridad, precaución y administración de emergencias o desastres, y prestación de servicios del cuerpo de bomberos.
    * Instituto Metropolitano de Crédito.
    * Servicios de política de orden público en el ámbito metropolitano, así como de policía administrativa con fines de vigilancia y fiscalización en las materias de su competencia.
    * Promover y coordinar, conjuntamente con los municipios del Distrito Capital, el desarrollo de acciones que garanticen la salud pública en el marco de las políticas nacionales de salud.
    * La normativa para armonizar las tasas y definir principios, parámetros y limitaciones para el ejercicio de la potestad fiscal de los municipios que integran el Distrito Metropolitano.
    * Tratamiento y disposición de residuos sólidos.
    * Parques y espacios abiertos de alcance metropolitano.
    * Las demás competencias que le sean atribuidas por el Poder Nacional y que no están anteriormente señaladas.
La Alcaldía del Distrito Metropolitano ha venido transformando aceleradamente sus estructuras con el objeto de colocarse a la altura de las demandas sociales del pueblo caraqueño y de las obligaciones que le asigna la Constitución Bolivariana. En el nuevo diseño institucional que hemos fundado, el alcalde metropolitano se hace acompañar de un equipo de colaboradores cercanos, que son especialistas en planificación y diseño de políticas públicas, y se encargan de desarrollar, conjuntamente, el Plan Estratégico del Distrito Metropolitano de Caracas. Este es el proyecto rector que le da sentido y coherencia a la gestión del alcalde Juan Barreto.

Igualmente, se han establecido lo que denominamos Unidades medulares, donde se desarrollan, fundamentalmente, tres líneas de acción e intervención social, que funcionan como verdaderos gabinetes de trabajo:

Gabinete de Infraestructura integra la gestión del Instituto Metropolitano de Patrimonio, Instituto Metropolitano de Urbanismo Taller Caracas, Fundación de la Vivienda, Corporación de Servicios Metropolitanos, Instituto Metropolitano de Transporte y la Secretaría de Infraestructura.
Gabinete de Servicios integra las secretarías de Salud, Educación, Deporte, Seguridad, Cultura, Ambiente y Transporte Público.
Gabinete de Producción adelanta los proyectos productivos y cogestionarios con la Red del Poder Popular, como es el caso del cultivo y procesamiento de la Pira, el impulso y formación de cooperativas de la construcción, de materiales y de servicios, entre otras.
Cada una de estos gabinetes es capaz de aportar recursos técnicos y humanos para la conformación de equipos multidisciplinarios que participen en la ejecución de proyectos específicos. Estos equipos multidisciplinarios tienen una interacción directa y permanente con las distintas unidades de donde provienen, y además mantienen una relación estrecha con el alcalde y con la Red del Poder Popular, propiciando un intercambio fluido de información e ideas.

Al constituirse en equipos multidisciplinarios, los recursos humanos de la alcaldía no están promoviendo los valores de jerarquía y de autoridad, sino los de cooperación y comunicación, para garantizar una intervención ágil y oportuna tanto en comunidades como en sectores, parroquias y municipios. Se trata de establecer mecanismos flexibles, para poder interactuar sostenidamente con la Red del Poder Popular. La idea es que el personal de la Alcaldía se vuelque a trabajar en el centro de los acontecimientos de la vida social, rompa el círculo burocrático, enfrente los problemas de la gente y se vea obligado a una interacción directa, cara a cara, con los ciudadanos: diagnostique problemas, discuta soluciones, oriente alternativas y contribuya a la toma de las mejores decisiones.

La Alcaldía Metropolitana puso en práctica otro deslinde operativo muy significativo, al constituir las Unidades de apoyo, donde se encuentran las coordinaciones del organismo municipal asociadas al presupuesto, la dotación de materiales y de recursos financieros (Despacho, Consultoría Jurídica, Recursos Humanos, Finanzas y Presupuesto, Contraloría y Banco de Desarrollo Metropolitano). Estas Unidades de apoyo se encargan de asegurar la transferencia de recursos a los distintos proyectos en ejecución, y de igual forma mantienen un vínculo permanente con el alcalde metropolitano.

Consideramos que la gestión política de la Alcaldía Metropolitana debe ser apreciada no sólo por el trabajo unilateral de sus unidades medulares y de apoyo, sino también por la participación cogestionaria de los distintos niveles de la Red del Poder Popular y de todos los actores del poder público que interactúan dentro del área metropolitana. De hecho, hemos creado la unidad de gestión, en la que coinciden el alcalde, los distintos niveles de gobierno y la Red del Poder Popular para afrontar, de manera plural y colectiva, las distintas políticas metropolitanas. Sólo de forma común construiremos una verdadera gestión para todos los habitantes de la ciudad.
¿Pero cuáles son los ámbitos de trabajo de la Alcaldía Metropolitana? Las acciones de planificación y diseño, de producción (infraestructura y servicios) y de transferencia de recursos financieros (apoyo administrativo) tienen un impacto en la ciudad que debe analizarse en sus tres dimensiones básicas, en lo económico, en lo político y lo físico. Sin embargo, la ejecución de proyectos, así como la acción concreta de cada una de las intervenciones de los equipos multidisciplinarios, tiene repercusiones sociales inmediatas y permanentes, que ayudan a construir nuevas formas de socialidad, y renovadas tareas en común. Por ejemplo:

Impacto económico: Al transferir de manera masiva los recursos (a través de créditos y microcréditos) y servicios metropolitanos a las distintas redes populares, organizadas en cooperativas, consejos comunales y microempresas, estimulamos la democratización de la propiedad de los medios de producción, se mejora la red de servicios públicos de la ciudad, se incrementan los empleos y se impulsa la superación de la pobreza.

Impacto físico: La construcción adecuada de obras y la dotación de infraestructuras urbanas como acueductos, cloacas, servicio eléctrico, dotación de centros educativos, de salud, de instalaciones deportivas, de áreas de esparcimiento, de casa del poder popular, constituyen los cimientos para mejorar la calidad de vida del caraqueño, y además contribuyen a la construcción de otro modelo de sociedad, que gira en torno al equilibrio, la sostenibilidad, la solidaridad y la cooperación.

Impacto político: El objetivo debe ser la consolidación de un modelo político que coloque en el centro de su acción y pensamiento al ser humano. Un modelo que garantice los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Bolivariana, y que contribuya a crear las bases de una sociedad justa y sin exclusiones.

PODER POPULAR, PODER CONSTITUYENTE
PODER CONSTITUYENTE: ENSAYO IX

IX

EL BANCO METROPOLITANO Y LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PODER POPULAR

Existe una actividad fundamental que tiene que ver con los recursos y el financiamiento del Distrito Metropolitano. Esta actividad debe traducirse en lo que llamamos el Banco de Desarrollo Metropolitano. El proyecto se inspira en el modelo ya existente del Ministerio de Vivienda y Hábitat, que tiene el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, una entidad financiera de desarrollo que dota de recursos al ministerio. El esquema contempla, entonces, un ente rector, de ejecución de políticas públicas (en este caso, la Alcaldía Metropolitana), un organismo financiero (el Banco de Desarrollo Metropolitano) y la Red del Poder Popular que demanda servicios y exige transferencia de recursos.

La Alcaldía tiene actividades de planificación, infraestructura, servicios y producción que son específicas y muy concretas, y deben tener un respaldo presupuestario permanente, que se conseguiría a través de un órgano financiero que dote de recursos y créditos a los distintos proyectos comunitarios y urbanísticos. El Banco se encargaría de reproducir los recursos para el financiamiento de la gestión de la Alcaldía Metropolitana.

Este banco garantizaría la posibilidad de desconcentrar los recursos y evitar que se los trague la pesada estructura burocrática que heredamos del puntofijismo. Si se logra demostrar, como esperamos, que es posible financiar proyectos, gestionar acciones y transferir recursos de manera directa a las comunidades, estaremos dando un paso decisivo para enfrentar la burocracia administrativa, y con ello demostrar que es posible gestionar con eficiencia la ciudad, sin la carga de personal hasta ahora existente. Pensamos que la Alcaldía Metropolitana puede llegar a funcionar con menos de 600 trabajadores, si tiene un Banco de Desarrollo Metropolitano que financie los proyectos en ejecución.

Adicionalmente, tenemos que llegar a instaurar mecanismos operativos que se encarguen de la planificación y los lineamientos de proyectos, y a su vez de la supervisión de los mismos, una vez que se encuentren en estado de ejecución. De esta manera, la ejecución de proyectos será realizada por empresas, cooperativas y comunidades organizadas, siempre bajo la supervisión de la Alcaldía Metropolitana. Este esquema operativo es, sin duda, más ágil y eficiente.

Otro argumento a favor del Banco de Desarrollo Metropolitano es que puede hacer alianzas financieras con entidades regionales, nacionales e internacionales. Se podrían establecer alianzas con promotores privados. La ciudad de Caracas no puede desarrollarse únicamente con los recursos que le asigna el Estado. Es necesario explorar otras vías de financiamiento, y la creación de un banco ayudará a crear una plataforma administrativa que vaya a la búsqueda de recursos alternativos.

PODER POPULAR, PODER CONSTITUYENTE
PODER CONSTITUYENTE: ENSAYO X

X
LA REVOLUCIÓN SIGUE ADELANTE Y A PASO DE VENCEDORES

Toda revolución es un enorme desafío que obliga a cambiar paradigmas, sacudir esquemas y cuestionar todas las estructuras existentes. Si no, es cualquier cosa menos una revolución. El proceso revolucionario es un tremendo reto porque además tiene que tomar en cuenta errores cometidos en el pasado histórico en nombre de las mayorías, y reinventar la tradición de las luchas sociales con la finalidad de vencer definitivamente el egoísmo, el individualismo y los intereses de los poderosos. Este es el espíritu que nos impulsa a construir el socialismo del siglo XXI, y que conlleva una doble manera de pensar nuestra acción: no cometer errores conocidos que le sirvan después a los poderosos para reposicionarse, e inventar formas de convivencia y comunidad que sean sustentables y duraderas en el tiempo, caracterizadas por los valores de igualdad, intercambio, cooperación y solidaridad.

El rico pensamiento político de la herencia marxista, hoy encarnado en T. Negri, por ejemplo, nos permite experimentar nuevas formas de organización y de politización que se adapten a los tiempos que vivimos. La conformación de un movimiento de movimientos, horizontal y descentrado, guiado por causas y espacios comunes de trabajo y discusión colectiva, nos permitirá avanzar en la creación de la Red del Poder Popular, verdadero soporte del modelo de comunidad que queremos, y base para la construcción del socialismo del siglo XXI.

La multitud organizada en red, en nodos colectivos de demandas y necesidades, garantiza el ejercicio de una democracia participativa y protagónica que conserva, además, los valores de la diversidad, la pluralidad y la singularidad de los individuos y las culturas. Más que nunca, este proceso político que protagonizamos es un desafío democrático que debe incluir a todos los venezolanos en la búsqueda de la dignidad y de la justicia. La Red del Poder Popular será el espacio que convoque a la imaginación, la creatividad y la iniciativa de todas las voluntades de nuestro pueblo. Estamos comprometidos con esta idea y no abandonaremos nunca el compromiso que tenemos en la construcción de una sociedad equitativa, largamente esperada -y luchada- en Venezuela.

PODER POPULAR, PODER CONSTITUYENTE
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